QUITO.- Una resolución parcial de la Corte Constitucional (CC) expedida el pasado 25 de mayo, levantó la suspensión de los concursos públicos que iniciaron algunas Municipalidades para la elección de los Registradores de la Propiedad, dentro de una demanda de una demanda de inconstitucionalidad al artículo 142 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La CC, en el auto de admisión de la demanda (21 de marzo de 2011) presentada por el presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Eliecer Flores, emitió una medida cautelar que significó la suspensión provisional de dichos procesos.

Flores demandó la inconstitucionalidad al 142 del Cootad por considerar que en esta norma no se dispone que los Municipios sean los encargados de elegir a los nuevos Registradores de la Propiedad, por considerar que el servicio que prestan estos entes constituyen un servicio privado, pero público.

Durante la audiencia pública efectuada el pasado 3 de mayo en la CC, los delegados de la Procuraduría, Presidencia de la República y Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, pidieron a la jueza sustanciadora, Nina Pacari que deseche la demanda, por atentar contra los principios legales y constitucionales donde se reconoce la competencia de los Municipios para, a través de concursos públicos, elegir a los nuevos Registradores de la Propiedad del país.

En esa ocasión, Esteban Yépez, abogado del asesor Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que resulta “sorprendente” que en 47 días la CC había avocado conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad y dicte una medida cautelar para suspender un proceso legal para favorecer a los Registradores que están acostumbrados a lucrar de la ciudadanía.

En la providencia del 25 de mayo, la jueza sustanciadora Nina Pacari, sin embargo aclara que su pronunciamiento no constituye un fallo de fondo sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por Flores.

El director de Registro de Datos, Wiliam Saud, aseguró que la demanda busca frenar los cambios que la Constitución y la ley establecen nuevas reglas en el funcionamiento de las Registradurias de la Propiedad.

Según estimó al año esos entes que prestan un servicio público, recaudan entre 8 a 10 millones de dólares, cifra que se desprende del pago del Impuesto a la Renta, de ahí la preocupación de que los Registradores de la Propiedad pasarán a ser funcionarios del Estado.

El vicepresidente de la CC, Edgar Zárate, manifestó que las acciones planteadas en contra del artículo 142 del Cootad y la Ley de Datos Públicos se está sustanciando de la manera más acelerada y que es necesario esperar a que el proceso de sustanciación termine para poder emitir la sentencia que corresponda. (ANL)